El juez de Concepción, Guillermo Acosta, quedó habilitado para resolver el pedido de sobreseimiento por vencimiento del plazo para desarrollar la investigación que articularon el legislador oficialista Osvaldo Morelli y su hijo, el funcionario provincial Franco Morelli, mediante el defensor Pedro Brito. La audiencia virtual está programada para hoy a las 11, y en ella han de intervenir, además de la defensa, el fiscal regional Mariano Fernández, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad concepcionense y abogado querellante, Julio César Herrera. Acosta resolverá sobre el destino de una denuncia referida a supuestas irregularidades con U$S 7 millones ($ 20 millones al momento de los hechos) gracias al rechazo de su recusación por parte de las juezas Cecilia Tasquer y Patricia Carugatti.
En una videoconferencia interrumpida por las desconexiones y el ingreso tardío del fiscal, las magistradas desestimaron que Acosta haya dado señales de parcialidad en beneficio del ex intendente Morelli, como adujo Herrera con la adhesión del fiscal. Ambos coincidieron en objetar al juez por haber dispuesto en su momento el archivo de las actuaciones.
Tasquer (leyó la resolución) y Carugatti también descartaron que haya estado paralizada la investigación jurisdiccional -procedimiento especial a cargo de un juez previsto en el Código Procesal Penal de 1991 para el supuesto de existencia de fueros, como es el caso de Morelli-. “Se trata de una causa del antiguo sistema procesal, que cambió el 5 de mayo de 2019. Acosta pasó todas las actuaciones al Ministerio Público Fiscal (representado por Miguel Varela) al día siguiente de abrir la investigación jurisdiccional el 10 de septiembre de 2018. Quedó en aquel ámbito: el estado de inamovilidad del expediente no puede achacarse al magistrado”, observaron. Y agregaron que la recusación resultaba extemporánea.
Más allá del argumento del archivo, Herrera, quien presentó la denuncia en mayo de 2016 junto al intendente Roberto Sánchez (UCR), alegó que había omitido la práctica de la investigación jurisdiccional solicitada por Varela y que existía una enemistad manifiesta con el juez. El querellante objetó que Acosta le haya negado el acceso a la sentencia completa mediante la que meses atrás sobreseyó a tres ex funcionarios de la gestión de Morelli (Serio Muro, Ariel Mendelek y Duilio Guzmán) denunciados en otro proceso, y afirmó que Gerardo Marcelo Smulovitz, el yerno del hoy legislador, era pariente del juez, y que este había omitido ponerlo en conocimiento.
Acosta se había opuesto al apartamiento solicitado, lo mismo que el defensor Brito. En su informe, el juez tildó de “absurdo” al planteo y afirmó que Herrera mentía deliberadamente. “Trata de apartarme porque teme que el caso contra Morelli corra la misma suerte (del sobreseimiento) que la de los ex funcionarios Muro, Mendelek y Guzmán -esa decisión está pendiente de revisión ante el Tribunal de Impugnación-, pero los hechos son distintos”, opinó. Y agregó que el querellante lo había recusado extemporáneamente y que “sabía poco procedimiento penal”. Respecto de la relación de parentesco, Acosta expresó: “es verdad que mi esposa es tía de un yerno de Morelli, pero eso no me hace pariente de este ni me obliga a excusarme”.